El Colegio de Médicos de Cuenca manifiesta su total oposición al Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El ICOMCU muestra su preocupación e inquietud en lo que respecta a la modificación de una ley tan importante como la orgánica de Ordenación de Profesiones Sanitarias que pretende acelerar los trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios mediante el reconocimiento de efectos profesionales, lo que supondrá facilitar el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista.
Ante esta situación el ICOMCU anuncia que se mostrará especialmente vigilante para garantizar que estos profesionales reúnen las condiciones idóneas y exige un Comité de Control con el fin de garantizar la mejor asistencia y seguridad clínica de los pacientes.
Estas medidas vuelven a poner de manifiesto la falta de contacto de las administraciones con los representantes de los profesionales del sector médico, que en todo momento han tendido la mano a buscar propuestas conjuntas que solucionen los problemas a los que deben hacer frente los facultativos.
El ICOMCU lamenta también que se adopten este tipo de medidas sin contemplar acciones para paliar la precariedad y temporalidad de miles de facultativos a través de procesos de regularización que mejoren la situación de los profesionales y reconozcan el esfuerzo de tantos médicos y médicas de nuestro país.
Por otra parte, consideramos intolerable e inadmisible que el texto legal permita a cada comunidad autónoma que el personal de enfermería que presta servicios en centros hospitalarios pase a prestar servicios en los centros de Atención Primaria de su área de influencia para realizar las funciones propias de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, de forma excepcional y transitoria, por insuficiencia de personal médico de Atención Primaria.
Desde el Colegio de Médicos de Cuenca insistimos en la vulneración de competencias que supone el punto 3.2 de este Real Decreto Ley ante el que muestra su total oposición, así como reclama una rectificación por parte de la Administración. Además, se recuerda que hay otras muchas vías para cubrir este tipo de situaciones como puede ser la contratación de los 7.100 graduados en Medicina en las facultades españolas que se encuentran en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que no sean estrictamente competencia de especialistas.
